En el primer trimestre de 2025, la deuda pública de Francia alcanzó niveles alarmantes, situándose en un 114% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa más de 3,34 billones de euros. Este dato confirma a Francia como el tercer país con mayor deuda en la UE, solo superada por Grecia e Italia. El aumento respecto a finales de 2024, cuando la deuda era del 113% del PIB, ha generado una preocupación creciente en el gobierno y entre los agentes económicos y políticos franceses.
Evolución y contexto de la deuda pública francesa
La escalada de la deuda ha sido constante, marcando un aumento de alrededor de un billón de euros desde 2017, impulsada por múltiples factores como los efectos económicos persistentes de la pandemia y el elevado gasto público. Solo en el primer trimestre de 2025 la deuda aumentó en 40.500 millones de euros, con la Administración central como principal responsable, seguida por un incremento en las cuentas de la Seguridad Social y las administraciones locales.
El nivel actual supera con creces el límite del 60% de deuda pública sobre PIB fijado por el Tratado de Maastricht para los países europeos, situándose muy por encima de la media comunitaria del 81%. Francia enfrenta así un dilema serio para mantener la estabilidad de su modelo social y económico, con la presión constante de la Comisión Europea que abrió un expediente por déficit excesivo.
Plan de ajuste y recortes: un camino difícil
Para intentar frenar esta dinámica, el primer ministro François Bayrou presentó un plan de ajuste que implicará fuertes recortes y controles presupuestarios a partir de 2026. Entre las medidas destacan la congelación de pensiones, reducción del empleo público y recortes en gasto social, con el objetivo de reducir el déficit público del actual 5,8% al 2,8% para 2029.
Además, se prevé un ahorro total cercano a los 44.000 millones de euros, combinando recortes en gasto, aumento de ingresos y mejoras en productividad. Sin embargo, estas medidas han generado controversia entre sindicatos y partidos políticos, que advierten que el ajuste no debe recaer sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
Perspectivas y retos políticos
El Gobierno francés enfrenta un escenario complicado: un Parlamento sin mayoría clara que debe aprobar estas reformas y una posible moción de censura impulsada por la izquierda, aunque con escasas posibilidades de prosperar, dado el rechazo a apoyarla por parte de otras fuerzas políticas como la extrema derecha. El Ejecutivo mantiene su compromiso de saneamiento fiscal pero reconoce que el camino será difícil, con debates intensos por venir sobre el presupuesto para 2026 y las políticas de austeridad que marcarán los próximos años.
En conclusión, la deuda pública de Francia en 2025 se encuentra en niveles históricos que presionan al Gobierno a implementar un plan radical de recortes y ajustes. La gestión de esta deuda es clave no sólo para cumplir con las exigencias europeas, sino también para garantizar la estabilidad económica y el bienestar social en el mediano plazo, aunque enfrenta retos importantes en términos políticos y sociales.